Artículo 6/2019, (nº 187)

Modelos penitenciarios educativos como base del éxito

en la reinserción social de las personas privadas de libertad.

Rodrigo Campos Hellín (Universidad de Málaga)

Resumen: requerido de la motivación inicial del interno en su proceso

de desistimiento. Para ello, se han creado unidades especializadas que han fomentado e impulsado el proceso de cambio. La implementación en Cataluña del Modelo de Participación y Convivencia ha supuesto un cambio significativo y de éxito en la intervención educativa penitenciaria.

El artículo presenta un estudio comparativo de la reincidencia penitenciaria dentro de un mismo centro penitenciario, con datos obtenidos en dos momentos diferentes: con la aplicación de unidades especializadas, y, posteriormente con la generalización

del modelo a través de criterios

de universalidad adaptada. La aplicación de modelos universales mejora la calidad de vida, a la vez que mantiene los niveles de reincidencia, presentando datos importantes en la promoción de procesos de desistimiento y reincorporación social.

Palabras clave: educación ciudadana, reinserción social, participación y convivencia, centros penitenciarios

Title: TEducational penitentiary models as a base of success in the social reintegration of inmates.

Abstract: The specialized intervention in the penitentiary field has required the initial motivation of the inmate in the process of desistance. To this end, specialized units have been created that have fostered and promoted the process of change. The implementation in Catalonia of the Participation and Coexistence Model has meant a significant and successful change in the prison educational intervention.

This article presents a comparative study of prison recidivism in a Penitentiary Center, with data obtained at two different times: with the application of specialized units, and later with the generalization of the model through criteria of adapted universality. The application of universal models improves the quality of life, while maintaining levels of recidivism, presenting important data in the promotion of processes of social desistance and reincorporation.

Keywords: citizen education, social reintegration, participation and coexistence, prisons

Recepción del original:

2 abril 2019

Fecha de aceptación:

4 junio 2019

Directora: Deborah García Magna. Coordinadora: Araceli Aguilar Conde. Editado por la Sección de Málaga del IAIC
Edificio Institutos de Investigación, Universidad de Málaga. Campus de Teatinos, 29071- Málaga
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Sumario: 1. Introducción. 2. Objetivo. 3. Metodología. 4. Resultados. 5. Conclusiones. 6. Bibliografía

1. Introducción

A lo largo de los años han coexistido una amplia variedad de modelos penitenciarios que han marcado, de una forma u otra, la metodología de intervención dentro de la institución penitenciaria (Giménez-Salinas & Rodríguez, 2017). El ideal reeducativo y reinsertador ha orientado, en las últimas décadas, la acción de la institución penitenciaria hacia modelos o acciones que fomenten, estimulen o incentiven al interno en su proceso de cambio, asegurando así un retorno a la comunidad que permita a la persona respetar las leyes, a la vez que favorezcan el respeto hacia su entorno social y hacia sí mismo. La privación de libertad no debe ser considerada una finalidad en sí misma, sino que la intervención educativa debe tener un papel fundamental. El castigo, como acción retributiva sin más, ha llevado a la construcción de modelos penales que fomentan procesos de de-socialización y consolidación de la subcultura carcelaria (Marcuello-Servós & García-Martínez, 2011; Valverde, 2014; Zimring et al. 2001), alejándose del fin constitucional y del cometido que debe tener la institución penitenciaria (Delgado, 2004).

Por el contrario, la promoción del cambio identitario es el objetivo que debe guiar la ejecución penitenciaria, a través de un amplio espectro de modelos y propuestas metodológicas (Gimenez-Salinas & Rodriguez, 2017). La cárcel se presenta como una institución educativa, en cuanto su acción se centra en la mejora de los procesos socializadores y de mejoras competenciales. Los modelos propios de la intervención social y comunitaria (Enjuanes et al. 2016; Morata, 2014) estimulan el cambio del interno, mejoran los procesos de incorporación social, y favorecen procesos de desistimiento delictivo (Maruna, 2001). La privación de libertad, por lo tanto, se presenta ineficaz si no va acompañada de acción educativa que permita procesos de cambio reales (Del Pozo & Añaños-Bedriñana, 2013; Enjuanes et al., 2016; McNeil, 2015). Se requiere, pues, de una intervención intencional, directa y concreta, que se adecue a la persona y posibilite dicho cambio (McNeill, 2016). No se entiende la reinserción sin un previo proceso educativo, ni la acción educativa que no comporte reincorporación social acompañada.

Educar y reinsertar en privación de libertad puede sonar contradictorio, pero no cabe duda de que este es y debe ser el objetivo del sistema penitenciario (Caride & Gradaílle, 2013; Del Pozo & Añaños-Bedriñana, 2013; Enjuanes et al., 2016). La ejecución de las penas deben orientarse hacia procesos de desistimiento e inclusión social, a través de propuestas innovadoras en la acción educativa (Caride & Gradaílle, 2013) que se supediten a un propósito definido y claro, obligando a los profesionales y la propia institución a plantearse, de forma recurrente, un diálogo constante entre su cometido y la acción educativa de la institución (Manzano, 2018). Una institución que no innove de forma constante puede perder de vista su finalidad, a la vez que requiere un consenso entre sus agentes sobre el cometido y labor a llevar a cabo (Güerri, 2019).

El proceso educativo dentro del centro penitenciario debe permitir una acción global en torno a tres grandes dimensiones, base del posterior proceso de reinserción y desistimiento delictivo:

Dimensión de seguridad ciudadana. Centrada en la gestión de los factores de riesgo y mejora de los factores protectores en relación a la etiología delictiva, posibilitando una mejora de las competencias personales para hacer frente a las situaciones de riesgo y evitando de esta forma la comisión de nuevos hechos delictivos (Ayuso, 2000; Insúa & Grijalvo, 2000; Redondo & Martínez, 2011; Sordi, 2015).

Dimensión cívico-política. Potenciando una intervención en la mejora de las competencias ciudadanas y sociales, que permitan a la persona relacionarse de forma adecuada con y en la comunidad, a la vez que permita favorecer procesos de cohesión social (Manzano, 2018; Marshall, 1997; Méndez, 2013; Morata, 2014; Trilla, 2010)

Dimensión inclusión social. Favoreciendo un trabajo centrado especialmente en los factores de exclusión social, que permitan a la persona no solo tener herramientas para no cometer nuevos delitos, sino posibilitar el inicio de procesos de incorporación social eficaces (Cabrera, 2011; Crespi, 2014; Díez Ripollés, 2011; Subirats, 2005)

La existencia de un sistema penal retributivo alejado de dicha finalidad educativa (Cutiño, 2015), así como la consolidación de dinámicas que no estimulan el proceso de cambio (Crewe, 2018; Fernández-Pacheco, 2013) ha llevado a identificar cárcel con espacio subcultural y desocializador (Marcuello-Servós & García-Martínez, 2011; Valverde, 2014). Pero la necesidad de una mejora en la intervención y adecuación al fin constitucional ha llevado a la creación de unidades especializadas de intervención, que deben permitir mejorar la intervención con la aplicación de modelos de corte educativo y terapéutico. La voluntad de cambio y la firma de compromisos conductuales han permitido que los internos con estadios de cambio avanzados (Prochaska & DiClemente, 1986; Prochaska & Velicer, 1997), pudieran formar parte de estas unidades permitiendo espacios separados de los módulos comunes. Este hecho asegura una alta eficacia en la aplicación de los modelos propuestos (Belinchón Calleja & García Casado, 2014; Enjuanes, García, & Longoroa, 2014; Galán Casado, 2015; Rodríguez, García, Álvarez, Longoria, & Noriega, 2013), pero una acción, al fin y al cabo, que limita su intervención a los internos de estas unidades. Entendemos la intervención penitenciaria educativa como un derecho de todos los internos, dirigida a aquellos que están motivados al cambio, y, especialmente, a aquellos que están en estadios pre-contemplativos del cambio. La relación experiencial supone asimilar nuevas praxis y metodologías, permitiendo un modelaje de la conducta a través de la asociación diferencial.

Desde el año 2008, en el centro penitenciario Lledoners (Cataluña), se implementa el Modelo de Participación y Convivencia (en adelante MPC). Un modelo de base comunitaria, en la que los diferentes agentes penitenciarios (profesionales, internos, familias y entidades) trabajan de forma conjunta en la consecución de los fines reeducativos y de reinserción social. Dicho modelo se implementa en un inicio en dos unidades del centro penitenciario, bajo criterios de motivación al cambio y compromiso terapéutico por parte de los internos, y bajo los principios del trabajo de la comunidad terapéutica. Pero es en 2013 cuando este modelo se generaliza a todas las unidades del centro penitenciario, implicando en esta praxis a todos los profesionales y agentes penitenciarios, y posibilitando una intervención basada en criterios de educación ciudadana y mejora de los procesos socializadores y sociabilizadores (Sandoval & Garro, 2012). Se trata de un modelo que ya no se inicia con la motivación del interno al cambio, si no que es inherente a la ejecución de la pena. El centro penitenciario es un espacio socializador y sociabilizador que impulsa no solo el desistimiento delictivo, sino la asunción de valores prosociales.

El modelo de participación y convivencia ha superado modelos basados en la motivación al cambio del interno, y propone una acción centrada en la universalidad adaptada, es decir, común a todos respetando las singularidades de cada perfil de internos, haciendo una lectura no restrictiva de la finalidad constitucional y de la legislación vigente (Delgado, 2004). Este el único centro penitenciario que aplica una metodología como esta en todas sus unidades. Su acción se extiende a todos los internos del centro, exista o no motivación inicial al cambio, y desde el acompañamiento educativo (Alonso & Funes, 2009; Planella, 2003), y el respeto a la voluntad de cambio del interno, se incide en las tres dimensiones de intervención expuestas. Este abordaje permite no solo la no comisión de nuevos hechos delictivos, sino mejorar procesos de reinserción y normalización social eficaces. Para ello el modelo se basa en cuatro grandes ejes1:

Implicación de todos los agentes penitenciarios, en especial los funcionarios de vigilancia interior, en labores de acompañamiento y educativas.

Implicación de la comunidad dentro del centro penitenciario, así como en los procesos de salidas al exterior.

Creación de espacios de gestión del conflicto y participación en todas las unidades, que mejoren la calidad de vida y los procesos de cohesión social.

Mejora del proceso de acogida, intervención educativa competencial bajo criterios de responsividad, fomento de los vínculos sociales y familiares, y, aprendizaje experiencial en espacios participativos

Una intervención que permite llegar a todos los internos del centro penitenciario bien sea por su acción proactiva de apoyo del modelo, bien sea desde la distancia mediante la observación y experiencia de prácticas sociabilizadoras. Pero, en definitiva, un modelo universal que permite llegar a todos los internos sea cual sea su estadio inicial de motivación al cambio.

2. Objetivo

Este artículo es parte de una investigación sobre la eficacia de los modelos penitenciarios en base a propuestas de educación ciudadana. Se pretende comparar el impacto de la acción educativa en relación con la reincidencia penitenciaria en dos modelos penales diferentes aplicados en el mismo centro penitenciario, si bien en momentos distintos: el primero, un modelo en base a la motivación al cambio de los internos y bajo criterios normativos de mantenimiento en la unidad, y el segundo, un modelo penal de universalidad adaptada sin existencia de criterios selectivos y común a todos los internos del centro penitenciario. No existen en nuestro país, hasta el momento, datos que permitan la comparación entre modelos educativos y menos aún que, desde una misma unidad de análisis, se pueda comparar la eficacia de uno u otro modelo. Un estudio como este permitirá aportar luz sobre las prácticas de éxito en ejecución penal, así como la viabilidad de la implementación de modelos globales de corte educativo en todas las unidades del centro penitenciario, o, por el contrario, identificará la necesidad de preservar dichas prácticas a unidades especializadas.

El estudio de la reincidencia se ha convertido en uno de los indicadores más usados para valorar la efectividad del sistema penitenciario (Capdevila, 2014), si bien no es, ni debe ser, el único. Debemos ser cautos en atribuir, en exclusividad, el proceso de cambio o de mantenimiento de la conducta delictiva al trabajo realizado dentro del centro penitenciario. Sin embargo, sí puede ayudar, como complemento a otros datos y registros, a la orientación de las políticas penitenciarias, así como a la especialización en la atención por perfiles criminógenos. Desafortunadamente no existen estudios globales de reincidencia general en el estado español que permitan una aproximación a este hecho (Capdevila, 2014; Marcuello-Servós & García-Martínez, 2011; Tamarit, 2007; Villagra, Espinoza, & Martínez, 2014) si bien es cierto que existen estudios parciales en relación a tasas de reincidencia en determinados perfiles criminógenos (Ortega, García, Fuente, & Zaldívar, 2012; Pérez, Redondo, Martínez, García, & Andrés, 2008; Redondo, Luque, Navarro, & Martínez, 2005) o en relación a determinadas medidas o políticas penitenciarias y penales (Cid, 2007; Nguyen, Arbach, & Andrés-Pueyo, 2011; Ramos & Carcedo, 2010). En Cataluña, el Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya, publica de forma periódica el estudio de la reincidencia en las prisiones catalanas (Capdevila, 2014), actualmente situada en el 30,2% de la población penitenciaria, que puede ayudar a identificar la práctica de éxito en este ámbito.

3. Metodología

El estudio describe la reincidencia penitenciaria de los internos del centro penitenciario Lledoners en dos periodos diferenciados. Si bien los tiempos de seguimiento óptimos son diferentes en función de los autores y estudios de reincidencia (varían de 1 a 5 años) actualmente la propuesta de uso de una tasa acumulada de tres años parece tener mayor aceptación (Capdevila et al., 2014). Para nuestro estudio se han escogido los casos que durante el año 2010 y 2015 han salido, bien en libertad definitiva, bien a un recurso comunitario o sección abierta, realizándose su seguimiento durante los tres años posteriores en relación con la causa base.

El primer período de estudio se inicia en 2010 y finaliza en 2013. Desde 2008, y en el período de estudio, existía en el centro penitenciario Lledoners dos unidades con aplicación intensiva del Modelo de Participación y Convivencia en la que el interno accedía previa motivación y firma de un compromiso conductual. El resto de las unidades tenían un funcionamiento ordinario acorde a la ley, sin propuestas intensivas de intervención en educación ciudadana, aunque sí con la dotación de profesionales que establece el sistema de ejecución penal catalán (Cutiño, 2015; Generalitat de Catalunya, 2011).

El segundo período se inicia en 2015 y finaliza en 2018. En el año 2013 se universaliza el modelo por el que todos los módulos aplican estrategias centradas en procesos de participación y educación ciudadana, adaptándose a la realidad de los diferentes módulos, pero manteniendo unos estándares similares en todas ellas. La intervención en las unidades, a lo largo de este segundo período, se ha basado en torno a cuatro grandes dimensiones: dimensión de acogida y motivación al cambio, dimensión de mejora de las competencias y tratamiento penitenciario, dimensión de fomento de vínculos sociales, y dimensión de participación y educación ciudadana (Morata y Enjuanes, 2019). Si bien se presentan en formato secuencial, todas ellas van apareciendo a lo largo del proceso de privación de libertad.

Para la elaboración de la muestra se han seguido un total de 291 internos (145 en 2010 y 146 en 2015) que coinciden con la totalidad de los casos (N=n) que han salido del centro penitenciario el año de estudio, bien en libertad definitiva, bien a sección abierta o recursos comunitarios, con una estancia mínima de seis meses en el centro penitenciario. Los tiempos de intervención menores (mayoritariamente internos clasificados en tercer grado inicial o conducciones) pueden suponer falsos positivos como consecuencia de otras variables no atribuibles al modelo de estudio, por lo que han sido descartados.

Se han identificado como causas de reincidencia el retorno a cualquier centro penitenciario de Cataluña, dentro del tiempo estudiado, por una causa cometida posterior a la causa base, sea o no del mismo tipo penal. No se consideran como parte del análisis los internos que han fallecido durante el período de tratamiento, aquellos que han sido expulsados a sus países de origen en virtud de la Circular sobre extranjería (Larrauri, 2016), e internos que han ingresado en prisión preventiva y no hayan sido juzgados en el año de estudio.

Para la construcción de los instrumentos de recogida de datos, se diseñó una plantilla donde se recogen los principales factores críticos en la reincidencia. Entre ellos se destacan los datos sociodemográficos, antecedentes penales, nivel de riesgo (a través de la herramienta RisCanvi), comisión de faltas disciplinarias, participación en actividades laborales educativas y tratamentales, así como el dato de reincidencia. La tabla ha sido anonimizada con el fin de no poder identificar los datos expuestos. Los datos se han recogido a través del Sistema Informático de las Prisiones Catalanas (SIPC) previo permiso del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya.

Para la explotación de los datos se ha usado el paquete informático SPSSv21 para Mac, que nos ha permitido la presentación de estadísticos descriptivos y comparados que permitan identificar asociaciones entre los criterios recogidos en el trabajo de campo y la reincidencia.

4. Resultados

Perfil de la población estudiada

Para el presente estudio se ha analizado la totalidad de internos del centro penitenciario Lledoners que han salido en libertad o a centros abiertos durante el periodo estudiado. En relación al perfil de la población penitenciaria objeto del estudio, llama la atención el aumento significativo de delitos contra las personas (delitos de base violenta hacia personas, excluyendo violencia de género y agresión sexual), pasando del 8,9% en 2010 al 31,7% en 2015. Asimismo, destaca un aumento notable de los internos con antecedentes penales, con un incremento del 28,2% en 2015. Finalmente, existe en 2015 un ligero decremento del 5,2% de los internos que presentan riesgo bajo de reincidencia violenta según el indicador RisCanvi (Valdivia, Nguyen, Arbach, & Andrés-Pueyo, 2014). Estos datos infieren la existencia de un aumento de la complejidad en el perfil de los internos estudiados en relación con la consolidación de la carrera delictiva, así como una mayor violencia y peligrosidad en la comisión de los hechos delictivos.

Por el contrario, y a pesar del aumento en la complejidad del perfil, el estudio identifica un notable aumento en el número de internos que finalizan la privación de libertad sin expedientes disciplinarios. En 2010 un total de 35,2% de los internos acabó la condena sin expedientes, frente a un 40,3% en el año 2015. La generalización del modelo durante el segundo período de estudio permite explicar este aumento del 14,1% de internos que finalizan su privación de libertad sin expedientes. Este hecho puede atribuirse a una mejora en el clima ambiental en la generalización del modelo, así como la capacitación, formación y experiencia de los profesionales en la flexibilización de su cometido y acompañamiento educativo (Ibáñez, 2019).

En relación con la participación en actividades del centro penitenciario, se evidencia un descenso notable en la asistencia a las de formación reglada, con un aumento del 15,9% de internos no escolarizados. No obstante, respecto a la matriculación de los internos en fases de escolarización obligatoria, este descenso no es tan pronunciado (en primaria el descenso es del 2% y en estudios secundarios del 3,5%). Por otra parte, aumenta la participación en talleres laborales, pasando del 67,6% en 2011 al 75,9% en 2015.

En relación a los programas de tratamiento, la participación de los internos con riesgo medio y alto es generalizada en el sistema penitenciario catalán (Generalitat de Catalunya, 2011). En los resultados se observa un ligero aumento de internos que realizan dichos programas, pasando del 40,7% en 2011 al 45,9% en 2015. Si bien el dato supone menos de la mitad de los internos estudiados, no se puede olvidar que no todos los internos deben realizar un itinerario educativo centrado en la participación en programas de tratamiento. Los factores de riesgo, así como la etiología delictiva y la responsividad son lo que delimitarán el nivel de intervenciones a realizar en privación de libertad.

Asimismo, ha aumentado el número de internos que participan en el programa de preparación a la vida en libertad, con un aumento de 11,5 puntos, algo que llama la atención en relación con el descenso del número de internos que inician procesos de transición a la libertad antes del fin de la condena, como se ha visto en el cuadro anterior.

La generalización del MPC ha supuesto una mejora en la calidad de vida de los internos, especialmente relacionada con el descenso de conflictos arbitrados, a la vez que ha mejorado la implicación de los internos en programas de tratamiento, especialmente en el programa de preparación para la vida en libertad, así como en el acceso a recursos laborales. Si bien existe un descenso general en la escolarización, esta es menor en relación con los internos que deben acceder a niveles de escolarización obligatoria, factor protector en el proceso de incorporación social, ya que se ha mantenido una participación similar en los años de estudio.

Por todo esto podemos decir que la generalización del MPC mejora, de forma considerable, la calidad de vida de las personas y favorece un clima más propicio para la motivación y el cambio identitario, incrementando de forma generalizada la participación de los internos en las cuatro áreas básicas de intervención: programa de tratamiento según etiología delictiva, escolarización, ocupación laboral y ocio.

Impacto en la reincidencia penitenciaria

La tasa de reincidencia del centro penitenciario Lledoners se mantiene de forma estable en torno al 20% (un 19,3% en 2011 y un 21,2% en 2015). Si tenemos en cuenta el aumento de la complejidad del riesgo de reincidencia del perfil de los internos del año 2015, podemos asegurar que la generalización del modelo no ha supuesto retrocesos significativos en el proceso de reinserción social, como así lo corrobora la no significación estadística entre la reincidencia y los años de estudio en la prueba de χ2 (= .458). Además, teniendo en cuenta que la media catalana se sitúa en torno al 30%, podemos inferir, ya que no es posible una comparación directa, que la intervención del MPC promueve y facilita el proceso de cambio identitario, asegurando procesos eficaces en relación a la reducción de la reincidencia.

La explicación de la no reincidencia es un fenómeno multicausal que combina factores motivacionales al cambio o desistimiento, como pueden ser la edad, el trabajo, o el entorno prosocial (Laub & Sampson, 2001; Maruna, 2001), junto a factores ambientales o sociales como pueden ser el establecimiento de vínculos sociales o el cambio de domicilio (Martí & Cid, 2015; Savolainen, 2009). Pero sin duda, y como hemos visto en el desarrollo de este punto, existen también factores intencionales que se dan en el marco de la intervención penitenciaria y que son a la vez efectivos. Entendemos por factores intencionales aquellos que, bajo una planificación y evaluación constantes, se desarrollan en el marco de la ejecución de la pena, y permiten a la persona adquirir competencias y valores que le permitan no volver a cometer de nuevo un delito. Sin duda alguna es la combinación de los tres factores (voluntad de cambio, vínculos sociales y planificación para el cambio) lo que va a permitir que la persona privada de libertad desista de la comisión del delito. A continuación, analizaremos algunos de los aspectos claves que permitan esgrimir argumentos significativos entre la relación de la aplicación del modelo y la reincidencia penitenciaria.

El análisis por módulos de intervención presenta una relación significativa entre módulo y reincidencia durante 2010 (χ2 = .030) que desaparece en 2015. La especificidad de la implementación del modelo en 2010, con la aplicación del modelo en un solo módulo, y la posterior universalización en todos los módulos en el año 2015, y, por ende, la desaparición de unidades específicas de intervención, permite una atribución causal en la relación entre reincidencia y metodología de implementación. Podemos afirmar, pues, que la aplicación del modelo incide de forma directa no solo en la mejora de la calidad de vida, sino también en la reincidencia.

El proceso de transición a la libertad

El paso de la privación de libertad a la vida en comunidad de forma paulatina a través de procesos de acompañamiento, permite al interno aplicar los aprendizajes que ha adquirido en fase de reeducación y ponerlos en práctica posteriormente. Para ello, el acompañamiento educativo y la tutorización se presentan como estrategias centrales y esenciales. Los internos que son derivados antes del fin de la condena a centros abiertos reinciden menos que aquellos que han salido en libertad definitiva (reduciendo la tasa de reincidencia en un 13%). Existe, pues, una relación causal entre los procesos de derivación comunitaria y la no comisión de nuevos delitos (χ2 = .001) siendo los internos que salen en libertad definitiva aquellos que tienen una probabilidad más alta de cometer nuevos actos delictivos.

El proceso de universalización del MPC debería comportar un aumento de los internos que inician los procesos de transición a la libertad, en tanto que el trabajo comunitario es un eje central en su actuación y parte del proceso de cambio y reinserción de los internos. Los datos del estudio, sin embargo, ofrecen una perspectiva diferente y limitadora a la transición a la vida en libertad y a la realidad deseada desde el prisma teórico. A lo largo de los dos períodos de estudio se ha mantenido estable el número de internos derivados a centros abiertos (con un descenso del 1,6% de internos que han salido a estos recursos), dificultando de esta manera un impulso a los procesos de cambio identitario y de reinserción social. Como se ha visto, la salida en libertad definitiva supone una mayor probabilidad de cometer nuevos delitos. La falta de recursos de tipo comunitario, junto a una tendencia punitiva y finalista de la institución penitenciaria por parte de los propios equipos y las juntas de tratamiento, limitan el acceso de los internos con riesgo más alto y perfil de alta complejidad a recursos de tipo comunitario, hecho que puede explicar esta situación.

Esta falta de recursos se ha visto compensada con un aumento significativo de los permisos y salidas desde el propio centro penitenciario. En el global del sistema de ejecución penal de Cataluña entre 2011 y 2015 aumentó un 93% el volumen de permisos, llegando casi a duplicar el número de salidas, sin que ello haya supuesto un aumento de los quebrantamientos (Rovira, Larrauri, & Alarcón, 2018). El MPC entiende que el acompañamiento en comunidad es y debe ser parte del proceso de reinserción, y es por ello que, debido a la falta de recursos de tipo comunitario, se han potenciado las salidas desde el propio centro penitenciario. Como se observa el aumento ha sido del 110% del total de salidas. Caso más significativo es el número de beneficiarios diferentes de las salidas, mientras que en el global de Cataluña se ha aumentado un 87% en relación con las cifras de 2011, en el centro penitenciario Lledoners, estas cifras se elevan hasta un 194%.

El MPC entiende como parte del proceso en ejecución penal la transición a la libertad, por lo que ha impulsado acciones de acompañamiento y transición a la comunidad desde el propio centro penitenciario.

Programas de tratamiento

Los programas de tratamiento permiten una mayor asunción de la competencias personales, a la vez que ha sido demostrada su importancia en la reincidencia delictiva (Redondo & Martínez, 2011; Redondo, Sánchez, & Garrido, 2002; Valencia, Andreu, Mínguez, & Labrador, 2008), sin embargo no se han podido demostrar en esta investigación correlaciones significativas en el global de los dos años entre la participación en programas de tratamiento y la reincidencia penitenciaria, por lo que no podemos considerarla como variable dependiente en relación con el criterio de reincidencia. No obstante, no cabe duda de que la participación en los programas de tratamiento es una herramienta eficaz que permite adquirir competencias personales y sociales frente a situaciones de riesgo, especialmente en determinados tipos delictivos. En muchas ocasiones estas serán usadas una vez puestos en libertad, asegurando de esta forma una respuesta alternativa y no violenta ante de las situaciones de riesgo y conflicto con la ley. Si bien existen estudios respecto a algún tipo penal que demuestran la eficacia de los programas, hay también investigaciones que reafirman que el desistimiento no pasa solo por la intervención clínica o los programas cognitivo-conductuales sino que estos deben ir acompañados de metodologías o intervenciones comunitarias y ambientales que refuercen dicha intervención (Bales & Mears, 2008; Chamberlain & Wallace, 2016; Martí & Cid, 2015; Nguyen et al., 2014; Savolainen, 2009)

La participación de internos que realizan programas de tratamiento específico es alta, siendo el 43% los que participan en intervenciones intensivas relacionadas con la comisión del hecho delictivo. Esta es parte de la estrategia reeducativa y el eje central de la ejecución penal en Cataluña (Generalitat de Catalunya, 2011). Por tipología delictiva aparecen algunos datos destacables que merecen ser considerados: tanto en delitos de agresión sexual, como en delitos de conducción, no se han identificado reincidencias en ninguno de los dos años estudiados en los internos que han realizado los programas de tratamiento. Así mismo en relación con los delitos de violencia de género, la tasa de reincidencia disminuye en la participación en programas, situándose en torno al 11%, y son los delitos de violencia contra las personas los que presentan tasas más elevadas de reincidencia, superiores al 25%, por encima de aquellos que no hacen el programa de tratamiento.

Cabe destacar la correlación significativa entre programa de tratamiento y reincidencia entre los internos que han cometido delitos de robo con fuerza y hurtos (χ2= .040), relacionados mayoritariamente con el consumo abusivo de sustancias psicoactivas. Si bien la tasa absoluta de los internos que realizan el programa es elevada, un 21,9% en total, esta es mayor todavía para los internos que no realizan el programa, situándose en el 43,5% del total. En definitiva, la probabilidad de reincidir en aquellos internos que han realizado el programa de tratamiento, relacionado con el programa de prevención del consumo de drogas, es de casi la mitad.

Intervención en factores de exclusión social.

El proceso de incorporación y reinserción social pasa no solo por incidir en la etiología delictiva, sino especialmente en el abordaje de los factores de exclusión (Díez Ripollés, 2011; Morata, 2014; Subirats, 2005). Esto implica incidir en aquellos factores que permitan a la persona privada de libertad una incorporación social dentro de los parámetros de la normalidad. El acceso al trabajo y a una formación de calidad (Alós, Martín, Miguélez, & Gibert, 2009), junto a los procesos de empoderamiento y cambio identitario, realizados mayoritariamente a través de los programas de tratamiento, así como la gestión del dinero y el acceso a una vivienda, y el fortalecimiento de la mejora de los vínculos sociales, son elementos claves en la mejora de la transición a la libertad (Crespi, 2014; Enjuanes et al., 2016; Subirats, 2005).

Entendemos que la privación de libertad debe ser un espacio de oportunidad y aprendizaje, a la vez que de adquisición de nuevas competencias. La aplicación en el centro penitenciario del MPC, y bajo criterios educativos intencionales, debe impulsar la práctica de acciones educativas que mejoren las competencias de la persona, evitando la realización de actividades sin carga educativa. Es en este punto donde hallamos datos interesantes relacionados con la reincidencia penitenciaria, especialmente en lo respectivo a la educación formal y el acceso a destinos laborales.

En lo que respecta a la participación en actividades de educación formal sí existen correlaciones significativas en relación con la reincidencia (χ2= .002). La asistencia y la participación en la escuela o la realización de actividades académicas formales o formativas, sin diferenciar el tipo de formación, correlaciona de forma directa con la no reincidencia. La formación se presenta como un factor de protección clave en la construcción de nuevas identidades, empoderando al interno en la mejora de sus capacidades y la propia autoimagen. Según los datos presentados, los internos sin escolarización tienen casi el doble de probabilidades de volver a cometer un delito que aquellos que siguen procesos de escolarización formal. La educación formal y las actividades de escolarización en general se presentan como un factor de protección frente a la comisión de nuevos actos delictivos.

Los internos con estudios primarios no finalizados y que asisten a las clases de formación reglada, así como aquellos que inician el aprendizaje del idioma, especialmente la lengua vehicular (catalán y castellano), son aquellos que presentan probabilidades de riesgo de reincidencia más bajos. La voluntad de cambio, la oportunidad de recuperar el tiempo perdido, así como el interés para mejorar su competencia en pro del proceso de integración tanto dentro del centro penitenciario como en su proceso de salida, pueden ser algunas de las explicaciones más plausibles.

Llama la atención el alto índice de probabilidad de reincidencia que tienen los internos que cursan estudios secundarios. Si bien no hay una explicación única, el proceso de fracaso escolar en la juventud, coincidente con un momento vital crítico de constitución de la identidad social pueden ser factores explicativos del rechazo a las dinámicas y la asistencia en estos espacios, siendo de mayor dificultad la interiorización de valores y competencias que se trasmiten en el espacio escolar.

En el análisis diferenciado por año, el conjunto de internos no escolarizados se ha mantenido en los estudios obligatorios (primaria y secundaria) por lo que el aumento de desescolarización coincide con internos con niveles superiores, es decir, con niveles de formación básica superados. No obstante, se evidencia como preocupante el mantenimiento de niveles altos de reincidencia en alumnos de secundaria, hecho que requiere de estrategias más intensivas y una intervención de empoderamiento y acompañamiento en la mejora de las competencias de tipo interdisciplinario.

La generalización del MPC en todo el centro penitenciario conlleva una tendencia a la baja en la reincidencia penitenciaria una vez el modelo se ha implementado en todas las unidades. Una alta intencionalidad educativa de tipo ambiental permite reforzar el trabajo realizado dentro del centro de formación para adultos. Se valora esencial el trabajo interdisciplinario realizado en la universalización del modelo que permite un mayor y mejor refuerzo a la vez que una consolidación de las competencias personales. Entendemos que el trabajo realizado en la escuela debe incardinarse dentro del trabajo educativo que realizan los equipos interdisciplinares.

Otro elemento destacable es el acceso al trabajo dentro del centro penitenciario. En este caso se mantienen correlaciones significativas entre acceso laboral y reincidencia (χ2 = .003), aunque la vinculación se presenta inversa, es decir, la participación en talleres laborales supone una mayor probabilidad de cometer un nuevo acto delictivo. Cabe recordar que el acceso a talleres, gestionado por una empresa pública del Departament de Justicia, no funciona bajo criterios educativos, sino que se rige por criterios empresariales de trabajo por producción. En el sistema de acceso, control y gestión del entorno laboral si bien se considera parte del tratamiento penitenciario, no existe relación directa con los equipos interdisciplinarios, por lo que no se identifica una finalidad claramente educativa. Es alarmante que la participación en talleres pueda suponer el triple de probabilidades de cometer un nuevo acto delictivo que el hecho de no hacerlo. Esta tendencia se repite en los dos periodos de tiempo, agudizándose en la implementación del MPC en todo el centro penitenciario.

La probabilidad de cometer nuevos hechos delictivos es mucho más alta (hasta un 20% superior en el segundo periodo estudiado) entre aquellos internos que participan en recursos laborales, mientras que desciende a casi la mitad entre aquellos que no lo hacen. La asistencia a recursos laborales de los internos que no participan en programas formativos es una constante, y puede ser una explicación a los datos expuestos. Se identifica la necesidad de mejorar la incorporación de los talleres laborales como parte de los procesos de tratamiento dentro del centro penitenciario.

Sanciones disciplinarias

Se ha identificado una correlación significativa en la relación entre sanciones disciplinarias y reincidencia penitenciaria (χ2 = .000). En este caso, un modelo que mejore el clima ambiental y permita una reducción de mecanismos sancionadores, favorecerá una mejor reinserción, ya que favorece comportamientos más sociables y adecuados a los valores imperantes. Ha quedado acreditado que el MPC alcanza dicho objetivo a través de una intervención de tipo educativo e intencional, en la que se generan espacios de participación centrados en el aprendizaje experiencial de competencias relacionales, siendo la intervención grupal y ambiental un elemento clave. La desaparición de subculturas contrarias a la mejora de la cohesión social, bien sean generadas por los mismos internos (Valverde, 2014) o por parte de los profesionales hacia los internos (Crewe, 2018) permite la creación de climas propicios al cambio y la asunción de normas y valores socialmente aceptados. Queda evidenciado que los comportamientos de tipo antisocial y antinormativo suponen un aumento considerable de riesgo de comisión de nuevos delitos una vez salga la persona del centro penitenciario, llegando a ser casi cinco veces más alto que aquellos que no tienen expedientes. La falta de autocontrol y la no observancia de la norma dentro del centro penitenciario es fácilmente trasladable al exterior una vez el interno ha acabado su condena. Por el contrario, la ausencia de faltas disciplinarias nos indica una asunción de mecanismos alternativos en la gestión del conflicto que ayudan a interiorizar valores de tipo prosocial.

5. Conclusiones

A lo largo del presente artículo se discute sobre la efectividad de la intervención penal en base a criterios educativos, así como de aquellas intervenciones que permiten la consecución de la reducción de la reincidencia. El proceso de cambio y el desistimiento deben ser las líneas que orienten el sistema de ejecución de las penas (Delgado, 2004), siendo estos necesarios para facilitar y asegurar procesos de transición a la libertad efectivos, y favorecer así la finalidad reinsertadora. Los centros penitenciarios se han servido tradicionalmente de unidades especializadas que permitan asegurar el fin rehabilitador con la creación de módulos educativos en base a criterios de motivación al cambio (Enjuanes et al., 2014; Galán Casado, 2015). Estas unidades cuentan con la necesaria voluntad de cambio del interno, que se materializa a través de la firma de un contrato motivacional y un compromiso de cambio firme e intensivo. En ellas, la especialización en el trabajo de la unidad, la aplicación de metodologías participativas, así como la promoción de competencias básicas a través de una intervención interdisciplinaria han sido el eje común (Enjuanes et al., 2014; Galán Casado, 2015).

En el presente artículo se discute y se afirma la efectividad de los modelos que, bajo el principio de universalización del tratamiento, aparecen como modelos educativos que permiten llegar no solo a aquellas personas motivadas al cambio, sino, especialmente, a la totalidad de los internos, dado su componente universalizador. La orientación de la acción penitenciaria hacia la reeducación y la reinserción social es responsabilidad de la institución penitenciaria hacia sus internos sin excepción (Delgado, 2004; Gallego Díaz, 2014).

Podemos afirmar que estos modelos permiten acercar los objetivos de reeducación a toda la comunidad de internos de forma más eficaz, dado que el modelo se implementa sin necesidad de que exista previa motivación al cambio. La aplicación de dinámicas participativas y de mejora de las competencias ciudadanas, de carácter no obligatorio, no contradice el principio de voluntariedad y permite experimentar otra forma de relación a todos los internos sin excepción, posibilitando el derecho a la educación y la reeducación. Desde el año 2013, el centro penitenciario Lledoners, apuesta por un modelo de universalidad adaptada que permite a todos los internos conseguir esta promoción al cambio identitario y el desistimiento, ofreciendo una serie de acciones y espacios de participación adecuados para el aprendizaje de la vida en comunidad.

El impulso de modelos de corte educativo generalizado, permite un cambio de paradigma en la intervención penal, mejorando significativamente la calidad de vida de los internos (Rodríguez, Larrauri, & Güerri, 2018) y reduciendo a su vez los conflictos. Estos modelos permiten la implementación de sistema de control informal y de gestión del conflicto que favorecen la convivencia.

En relación con los datos de reincidencia, el MPC mantiene cifras excepcionales aun con un aumento de la complejidad en relación con el perfil de los internos ingresados en Lledoners en el tiempo estudiado. Si bien estos datos aportan evidencias significativas en torno al trabajo de desistimiento e inclusión social de los centros penitenciarios, existen elementos que deben ser tomados en cuenta y mejorarse, especialmente en lo que respecta a los programas de tratamiento, así como, en especial la prevención de los factores de exclusión social.

La acción educativa en los centros penitenciarios debe incidir en una triple intervención que posibilite el fomento de los elementos de mejora en el proceso de reinserción social:

ambiental-grupal: situando al interno como centro y núcleo del proceso de cambio, tanto individual como colectivo, a la vez que especializando a los profesionales, sobre todo los funcionarios de vigilancia interior, en tareas de acompañamiento y promoción al cambio,

individual: mejorando sus competencias y consolidando las narrativas de desistimiento y cambio identitario, y

social: potenciando procesos de transición a la libertad adecuados que eviten procesos de exclusión social.

La aplicación de modelos educativos universales, como se ha dicho, permite llegar a mayor número de internos y profesionales, facilitando un cambio en el paradigma de intervención penal, a la vez que fortaleciendo la intención educativa y reinsertadora, objeto de la intervención penal. Además, la aplicación de modelos penales que mejoran los procesos de reinserción asegura una reducción en el número de víctimas al disminuir la reincidencia, así como un ahorro de más de medio millón de euros1 que puede dedicarse a fines de prevención y atención a víctimas, fomentando políticas interdepartamentales que permitan construir sociedades más justas.

Así pues, es aceptado en la comunidad científica que la intencionalidad educativa facilita los procesos de desistimiento y reinserción, y es por ello por lo que creemos que estos deben ser generalizados. Los centros penitenciarios, si bien tienen ciertas peculiaridades, deben entenderse como instituciones educativas, que fomenten y posibiliten entornos que faciliten el cambio y el proceso de desistimiento de todos los internos.

1. Durante el año 2018 este modelo se ha hecho extensivo a todos los centros penitenciarios de Cataluña y se ha sistematizado en un documento común para todos los centros: https://goo.gl/6bJSsf

Tabla 1. Descripción porcentual comparativa del perfil de internos entre 2010 y 2015.

Variable		Media 2011	Media 2015	Incremento
Delito	Contra la propiedad	33,8%	20,4%	-13,4%
	Contra la salud pública	30,3%	22,5%	-7,8%
	Contra las personas	8,9%	31,7%	22,8%
Destino	Libertad definitiva	62,8%	64,4%	1,6%
	Centro Abierto	37,2%	35,6%	-1,6%
Antecedentes	Sin antecedentes	77,9%	50,3%	-27,6%
Riesgo reincidencia violenta (RisCanvi)	Bajo	66,9%	61,7%	-5,2%
Sanción disciplinaria	No	35,2%	49,3%	-14,1%

Tabla 2. Descripción comparativa porcentual entre actividades educativas y laborales dentro del centro penitenciario

entre los años 2010 y 2015.

Variable		Media 2011	Media 2015	Incremento
Educación formal	Formación instrumental	23,4%	21,4%	-2%
	Educación secundaria	17,9%	14,5%	-3,5%
	No escolarizados	13,1%	29%	-15,9%
Trabajo		67,6%	75,9%	5,3%
Programa especializado		40,7%	45,9%	5,2%
Programa preparación vida libertad		19,3%	30,8%	11,5%

Gráfico1. Reincidencia penitenciaria en el centro penitenciario Lledoners por año y relación con la media catalana.

Gráfico2. Tabla de reincidencia penitenciaria por año y general, en relación con el proceso de transición a la libertad.

Gráfico3. Salidas a centro abierto o en libertad definitiva por año.

Gráfico 4. Incremento de internos entre 2010 y 2015 en relación con el número de permisos

y el número de internos diferentes.

Gráfico 5. Comparación de la reincidencia de internos que participan en programas y aquellos que no realizan los programas, por año.

Gráfico 6. Porcentaje de reincidencia entre población escolarizada y no escolarizada.

Gráfico7. Relación porcentual en relación con la reincidencia por niveles y tipo de escolarización.

Gráfico 8. Distribución de la reincidencia por año y tipo de estudio.

Gráfico 9. Distribución de la reincidencia por año y perfil de interno que asiste o no a recursos laborales dentro del centro penitenciario.

Gráfico 10. Distribución de los datos de reincidencia por año y tipo de sanciones disciplinarias.

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1. Cálculo efectuado a partir de los datos facilitados por el portal de Transparencia de la Generalitat de Catalunya, que estima en 94,84€ el coste medio de un interno. Si calculamos un descenso del 10% en una población de 150 internos, salen dichas cifras.

Sobre el autor:

Jordi Enjuanes i Llop es educador y trabajador social. Estudiante de doctorado y profesor asociado en la Facultad de educación social y trabajo social Pere Tarrés (Universidad Ramon Llull). Educador social en el centro penitenciario Lledoners.

Txus Morata es doctora en Pedagogía. Investigadora principal del grupo de investigación GIAS y profesora titular en la Facultad de educación social y trabajo social Pere Tarrés (Universidad Ramon Llull).

Contacto con los autores: jenjuanes@peretarres.org

Cómo citar este artículo: ENJUANES, Jordi; MORATA, Txus, “Modelos penitenciarios educativos como base del éxito en la reinserción social de las personas privadas de libertad”, en Boletín Criminológico, artículo 6/2019 (nº 187). Disponible en: www.boletincriminologico.uma.es/boletines/187.pdf [Fecha de consulta:]