Entreculturas 17 (2026) pp. 254-282 — ISSN: 1989-5097

La interpretación profesional en los servicios públicos: una garantía de los derechos fundamentales de las personas migrantes más vulnerables en Canarias

Professional Public Service Interpreting: A Way of Safeguarding the Fundamental Rights of the Most Vulnerable Migrant Groups in the Canary Islands

1. Introducción

La realidad migratoria en la comunidad autónoma de Canarias, marcada por flujos migratorios mixtos y con gran incidencia en la región, genera un amplio y variado abanico de necesidades lingüísticas, cuya cobertura sigue siendo incierta.

La ausencia de garantías sobre la calidad de los servicios de interpretación en los servicios públicos (en lo sucesivo, ISP) pone en riesgo los derechos fundamentales de las personas extranjeras no hispanohablantes en cualquier lugar de España. Sin embargo, en Canarias, ese hecho preocupa particularmente en el caso de ciertos grupos de personas migrantes que, por la naturaleza y motivos de su desplazamiento, se hallan en una situación de vulnerabilidad o desventaja respecto al resto de la población. Esta situación de vulnerabilidad puede producirse bien por huir de circunstancias dramáticas de sus países de origen (como conflictos, pobreza o persecución), bien por encontrarse en una situación socioeconómica muy desfavorable. A todo ello se añadiría la posibilidad de encontrarse en situación administrativa irregular, en cuyo caso el desamparo resultaría aún mayor.

En el presente artículo, manteniendo el foco sobre esos colectivos de personas migrantes que se encuentran en una situación desfavorecida respecto al resto de la población alófona, exponemos lo que la literatura científica ha aportado hasta la fecha sobre la situación actual de la provisión de la ISP en Canarias, comparándola con la situación que se observa en el resto del país. Para ello, se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica sobre los escasos estudios efectuados en cuanto a la provisión de ISP en Canarias. Los resultados evidencian un estado de la cuestión desfavorable y reflejan la misma falta de profesionalización que existe en otras partes de España. Una de las principales conclusiones del estudio pone de manifiesto la necesidad urgente de desarrollar una labor de investigación más exhaustiva sobre la situación actual de la ISP en Canarias, con el objetivo de comenzar a trazar el camino hacia la profesionalización del servicio en esta comunidad autónoma.

2. Metodología

Los resultados presentados en este artículo proceden de una revisión sistemática de la literatura sobre la situación de la ISP en la comunidad autónoma de Canarias, poniendo el foco en la atención a personas migrantes que se puedan encontrar en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de identificar y analizar las aportaciones existentes en la materia, así como contrastar la situación descrita en el plano regional con la que se documenta en el resto de España.

En una primera fase, se definieron los objetivos específicos de la revisión, orientados a delimitar los ámbitos de la ISP que se abordan en la literatura científica, examinar el grado de profesionalización del servicio según los estudios existentes y detectar posibles carencias en la cobertura de las necesidades lingüísticas de esa población migrante en Canarias. Partiendo de la premisa de la escasa profesionalización que ha caracterizado a la ISP en España (Del Pozo Triviño, 2013; Foulquié-Rubio, Vargas-Urpi y Fernández Pérez, 2018; Vitalaru, 2024), se planteó la hipótesis de que debía existir una situación generalizada de deficiencias en la calidad de la provisión de estos servicios en el contexto migratorio en el archipiélago, presunción que se apoyaba en los informes publicados por CEAR (Monreal Gainza y Paredes, 2021; CEAR, 2023, 2024) y el Defensor del Pueblo (2021, 2025).

Durante la fase de documentación, se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica que combinaba consultas en bases de datos académicas, repositorios institucionales y fuentes de literatura gris, dada la escasez de publicaciones científicas centradas en la provisión de ISP en Canarias. La estrategia de búsqueda se articuló a partir de palabras clave relacionadas con la ISP y la migración de personas no hispanohablantes en Canarias, priorizando trabajos publicados en lengua española que se enmarcasen en el ámbito de los servicios públicos (en adelante, SSPP).

Se estableció, así, una serie de criterios explícitos de inclusión y exclusión para la selección de fuentes documentales. Se incluyeron estudios académicos (artículos científicos, tesis doctorales, trabajos de fin de grado y de máster), así como informes institucionales y publicaciones afines que abordasen, de forma directa o indirecta, la provisión de ISP en Canarias o en otras regiones de España en contextos migratorios; en cambio, se excluyeron aquellos trabajos que no tratasen específicamente la interpretación o que se alejaran del campo de los SSPP. Tras un proceso de cribado de los documentos relevantes, se conformó un corpus de análisis ajustado al objeto de estudio, que se iría completando paulatinamente, teniendo en cuenta la dispersión y la limitada producción científica disponible sobre la provisión de ISP en Canarias.

La revisión se organizó de forma progresiva, desde una perspectiva general hacia una más específica, estructurando el análisis en dos bloques complementarios. En primer lugar, se contextualizó la ISP como disciplina a nivel general; en segundo lugar, se examinó la información disponible sobre la provisión de ISP en Canarias, cotejándola con la situación observada en otras regiones del país. Para sistematizar los resultados, se adoptó la clasificación de ámbitos de la ISP propuesta por Pérez-Luzardo y Fernández Pérez (2018), por tratarse del estudio más completo y actualizado sobre la materia hasta la fecha, dado que amplía y complementa el único trabajo previo de dimensiones comparables, de Toledano Buendía, Fumero Pérez y Díaz Galán (2006).

Asimismo, se incorporaron aportaciones de estudios específicos sobre la interpretación sanitaria en la isla de Gran Canaria (Pérez-Luzardo Díaz y Santana García, 2020; Santana García, 2021) y de la publicación de García-Morales y Fidalgo González (2024) —que versa en concreto sobre la interpretación en la atención a personas migrantes africanas en Canarias—, así como de  trabajos académicos de menor envergadura (trabajos de fin de grado y de máster) e informes institucionales y artículos que, aunque no abordan directamente la situación de la ISP en la región, ofrecen aproximaciones relevantes para la revisión (Godenau y Zapata Hernández, 2022; Rodríguez Salinas, 2022; Canarias Convive, s.f., entre otros).

Por último, los documentos seleccionados se analizaron de forma cualitativa y descriptiva, con lo que se identificaron patrones y tendencias recurrentes en la provisión de ISP en Canarias. Los hallazgos se compararon con la situación observada a nivel nacional, lo que proporcionó un marco para evaluar la calidad de la cobertura de necesidades lingüísticas en la atención a personas migrantes en situación de vulnerabilidad en Canarias.

3. La interpretación en los servicios públicos: contextualización

La ISP es una práctica que «permite la comunicación entre personas alófonas y proveedores de servicios públicos» (Burdeus Domingo, 2015: 16). En las situaciones comunicativas donde se desarrolla la ISP existe una necesidad de comunicación generalmente sobrevenida, dado que se trata de encuentros «forzados» por circunstancias o factores externos no deseados que hacen que las personas alófonas se vean en la obligación de acudir a los SSPP del país en que se encuentran (Pinilla Gallego, 2017: 14).

Siguiendo las definiciones de Abril Martí (2006: 5) y Pöllabauer (2012), este tipo de interpretación facilita la comunicación entre los SSPP nacionales o proveedores en las instituciones de SSPP (es decir, en entornos jurídicos, médicos, terapéuticos y sociales) de una sociedad determinada y aquellos usuarios que no hablan la lengua oficial del país. Las personas usuarias habitualmente pertenecen a minorías lingüísticas y culturales, como pueden ser, por ejemplo, migrantes, personas refugiadas, miembros de una minoría o grupos indígenas, y, en ocasiones, turistas u otros visitantes alófonos.

La naturaleza de las situaciones comunicativas en las que se suele dar la ISP viene supeditada a este último aspecto, pues se trata de un contexto en el que hay un público específico que responde a una minoría lingüística y cultural, en ocasiones con un nivel educativo y adquisitivo inferior al de los habitantes de la sociedad en la que se halla (si nos referimos, por ejemplo a migrantes que efectúan una movilidad de esta índole por motivos económicos o a solicitantes de asilo y personas refugiadas) y que, con frecuencia, desconoce o no domina la realidad social del nuevo país en el que se encuentra (Valero Garcés, 2024: párr. 1).

La modalidad de interpretación generalmente empleada en la ISP es la bilateral, pues se da una interacción dialógica y bidireccional donde se reduce la distancia física y relacional que puede existir, por ejemplo, en un entorno de conferencias (Abril Martí, 2006: 45-46). La interpretación bilateral se caracteriza, además de por esa naturaleza bidireccional, por la improvisación del discurso original y la importancia de la comunicación no verbal (Del Pozo Triviño, s.f.: sección «Interpretación sanitaria»), y suele gozar de menor prestigio que la interpretación simultánea o la consecutiva.

En cuanto a los ámbitos, según la clasificación adoptada por Foulquié-Rubio, Vargas-Urpi y Fernández Pérez (2018: 3-8), se pueden diferenciar cinco principales: el policial, el sanitario, el social, el judicial y el educativo.

En el presente artículo, nos basamos en los siguientes cuatro grandes ámbitos donde se desarrolla la ISP: el sanitario, el judicial, el policial y el social. Como se puede observar, descartamos de antemano considerar el ámbito educativo por tratarse del campo de investigación menos explorado a nivel nacional (Foulquié-Rubio, Vargas-Urpi y Fernández Pérez, 2018).

En cuanto a los participantes en la situación comunicativa mediada por ISP, Abril Martí (2006) distingue, por un lado, a los interlocutores primarios (un representante de un servicio público y un usuario del servicio) y, por el otro, al intérprete. Estos interlocutores primarios se hallan separados por una barrera lingüística, cultural y de poder y concurren en el intercambio comunicativo con objetivos diferentes e incluso opuestos (Abril Martí, 2006: 71; Pöllabauer, 2012: 4). Por tanto, se debe tener en cuenta que, en comparación con otros tipos de interpretación en contextos que se presuponen más formales, como la de conferencias (Pöllabauer, 2012: 1), la ISP se vuelve mucho más asimétrica (Pöllabauer, 2012: 4; Martín Ruel, 2021: 253; Briales Bellón y Relinque Barranca, 2021: 209).

Del representante del servicio público podemos esperar unas características similares en toda situación comunicativa mediada por ISP, pues será un hablante de la lengua mayoritaria y oficial a quien no afectará de forma directa el contenido textual de la interacción. En cambio, el perfil del usuario del servicio, que pertenece a una minoría lingüística y se halla directamente implicado en el contenido textual (Abril Martí, 2006: 38), puede presentarse de formas muy diversas.

En cuanto a la población alófona que compondría la demanda de ISP en Canarias, se puede establecer una primera distinción según la duración de la estancia y el motivo de su viaje: los visitantes y turistas, por un lado, y la población extranjera propiamente dicha, por otro.

Para contextualizar a qué parte de la población alófona pertenecería el colectivo que nos interesa estudiar, obviamos al primer grupo y dividimos a la población extranjera en dos grupos diferenciados:

Por un lado, está el grupo de migrantes de tipo social, con un mayor poder adquisitivo, provenientes en general de otros países desarrollados, con culturas más próximas a la nuestra (Navaza, Estévez y Serrano, 2009: 141) y especialmente pertenecientes a la UE (INE, 2025; Ministerio de Industria y Turismo, 2024, 2025).

Por el otro, están las personas migrantes que presentan un perfil más vulnerable o desfavorecido, grupo sobre el que se centra el presente artículo y que, a su vez, se puede subcategorizar en dos colectivos.

En primer lugar, identificamos a las personas migrantes de tipo económico, quienes proceden de países menos desarrollados económicamente, suelen tener un nivel educativo y adquisitivo generalmente inferior al resto de la población (Valero-Garcés, 2008, párr. 1; Valero Garcés 2024: párr. 1) y huyen de las dificultades existentes en sus países de origen que les impiden llevar una vida digna (Navaza, Estévez y Serrano, 2009: 141; CEAR, 2023: 39).

Entre estas personas migrantes se encontrarían aquellas que llegan a las islas de forma irregular, pues su movilidad suele estar motivada por cuestiones de supervivencia y ponen su vida en peligro para arribar a territorio español (Alonso et al., 2008: 33; Godenau y Zapata Hernández, 2022: 44, 50; CEAR, 2023: 41, 55, 58, 138).

En segundo lugar, distinguimos a las personas solicitantes de asilo y las refugiadas (Abril Martí, 2006: 105). El primer y más obvio obstáculo al que se enfrenta este colectivo es el de la comunicación, sobre todo si tenemos en cuenta que, además de existir una barrera lingüística y cultural, como indican Jiménez Ivars y León-Pinilla (2019: 329), se da una relación de suspicacia mutua entre estas personas y las autoridades que han de escuchar su relato, pues las primeras han desarrollado una actitud de desconfianza como mecanismo de supervivencia hacia cualquier figura que represente la autoridad y las autoridades tienden a dudar de lo que estas cuentan (Jiménez Ivars y León-Pinilla, 2019: 332).

En lo que respecta a la figura del intérprete en los SSPP, se podría decir que actúa como un enlace entre lenguas y culturas, pues se suele encontrar en la tesitura de tener que solventar diferencias de todo tipo (por ejemplo, culturales y educativas) y lidiar con las diversas concepciones que puede haber de elementos cotidianos (el trabajo, la familia, el hogar, la forma de divertirse o la manera en de manifestar los sentimientos), así como de aspectos culturales más específicos (la gestión del silencio, la acogida al forastero, el respeto a los mayores, etc.). Si bien tales diferencias pueden generar, de por sí, situaciones de conflicto, malentendidos y rechazo, estas se ven magnificadas ante la imposibilidad de comunicarse de forma directa por no compartir la misma lengua (García-Morales y Fidalgo González, 2024: 366-367; Valero Garcés y Mancho Barés, 2002: 16).

En el ámbito social en particular, la labor del intérprete se desarrolla en un contexto donde los usuarios se hallan en una posición vulnerable (Abril Martí, 2006: 57; Briales Bellón y Relinque Barranca, 2021: 209) y la dimensión interpersonal o la «interacción cara-a-cara» de la interpretación toma especial relevancia (Abril Martí, 2006: 46), por lo que se requieren habilidades y competencias que no solo pertenecen al plano lingüístico y traductológico, sino que son propias del ámbito social, como la empatía o la gestión de las emociones (Briales Bellón y Relinque Barranca , 2021: 215, 219; García-Morales y Fidalgo González, 2024: 375-376).

En el plano legislativo, en cuanto a la provisión de servicios de ISP, el ordenamiento jurídico español reconoce el derecho de las personas extranjeras y migrantes a ser informadas y escuchadas en su lengua materna como parte del principio de igualdad en el acceso a derechos fundamentales (art. 13.1, Constitución Española, España, 1978; Del Pozo Triviño, 2013).

En este marco, el Real Decreto 1155/2024, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 (en lo sucesivo, Ley de Extranjería), amplía las garantías para la población extranjera, reiterando su derecho a la asistencia de un intérprete en los distintos procedimientos. No obstante, el texto no especifica los ámbitos, condiciones ni criterios de calidad que deben regir esa prestación, perpetuando una brecha entre el reconocimiento formal del derecho y su aplicación efectiva.

Esta carencia se comparte en otros sectores, como el sanitario y el social, donde no existe una normativa específica sobre la provisión de interpretación, a diferencia del ámbito judicial, regulado por el artículo 22 de la Ley de Extranjería y por la Directiva 2010/64/UE, transpuesta mediante la Ley Orgánica 5/2015 (en lo sucesivo, LO 5/2015), que garantiza la asistencia lingüística en procesos penales. En el contexto de la protección internacional, el Real Decreto 220/2022 obliga a ofrecer servicios de traducción e interpretación en todo el sistema de acogida, aunque tampoco fija estándares de calidad.

Por tanto, la ausencia de un marco normativo que regule de forma clara y sistemática la provisión de servicios de interpretación profesional en todos los SSPP constituye una vulneración de los derechos fundamentales y evidencia la necesidad urgente de establecer mecanismos que garanticen su implementación efectiva (Pérez Estevan, 2017; Del Pozo Triviño y Fernandes del Pozo, 2020; Vigier-Moreno y Relinque Barranca, 2023b).

En suma, a pesar de la afluencia de personas no hispanohablantes, España se incluye dentro de esa mayoría de países que Pöllabauer (2012: 1, 5) designa como aún «en la retaguardia» (lagging behind) en cuanto a la profesionalización y regulación de la ISP. De este modo, partimos del hecho de que lo que llevan afirmando numerosas autoras a lo largo de las últimas décadas sigue siendo una realidad a día de hoy, pues se mantiene vigente esa situación de falta de profesionalización que continúa siendo urgente cambiar (León-Pinilla, Jordà-Mathiasen y Prado-Gascó, 2016: 32; Foulquié-Rubio, Vargas-Urpi y Fernández Pérez, 2018: 3-9; Valero-Garcés y Alcalde Peñalver, 2023: 1-2; Vigier-Moreno y Relinque Barranca, 2023b: 225).

4. La importancia de servicios de ISP en Canarias: contexto y realidad migratoria

Como apunta Fidalgo González (2019: 150), las Islas Canarias constituyen un «lugar de encuentros que se benefician de una historia marcada por la emigración y la inmigración», por lo que al abordar la cuestión de la situación de la ISP en el archipiélago debemos tener en cuenta que este presenta una serie de particularidades sujetas a su insularidad y a su realidad migratoria (Pérez-Luzardo y Fernández Pérez, 2018: 65).

En primer lugar, el territorio de esta comunidad autónoma española se encuentra fragmentado y alejado del continente europeo, al que pertenece política y administrativamente (Pérez-Luzardo y Fernández Pérez, 2018: 65), hecho que ilustran las palabras del periodista Ignacio Cembrero (2023: párr. 2): «Canarias es un pedazo de Europa incrustado en África». En cuanto a esa fragmentación, se genera, además, lo que conocemos como «doble insularidad»^[1], que, según Pérez-Luzardo y Fernández Pérez (2018: 66), es uno de los factores que afecta a la disponibilidad de intérpretes y, por ende, a la provisión de ISP en las islas.

En segundo lugar, Canarias se configura como un espacio caracterizado por la confluencia de flujos migratorios diversos, lo que da lugar a una heterogénea población extranjera integrada tanto por visitantes de corta estancia —principalmente turistas— como por residentes con motivaciones laborales, económicas o personales. Dentro de estos últimos, y según Toledano Buendía, Fumero Pérez y Díaz Galán (2006) y Pérez-Luzardo y Fernández Pérez (2018), se distinguen, por un lado, las personas jubiladas procedentes del norte de Europa, cuya estancia es prolongada, pero sin residencia oficial; y, por otro, las inmigrantes laborales originarias tanto de países desarrollados como en desarrollo. En este contexto, si bien las deficiencias en la provisión de ISP afectan negativamente a todas las personas extranjeras alófonas, su impacto podría ser especialmente significativo en el caso de las personas migrantes en situación administrativa irregular (García-Morales y Fidalgo González, 2024: 365-366), pues este colectivo se enfrenta a una doble barrera: por un lado, las diferencias lingüísticas y culturales, y, por otro, la escasa disponibilidad de intérpretes profesionales cualificados en lenguas maternas que, en el archipiélago, están poco difundidas —como el suajili o el wolof— o son minoritarias, como el árabe, lo que dificulta su acceso equitativo a los SSPP y condiciona la calidad de la atención recibida.

En cuanto a la presencia de personas que se corresponden con ese perfil, hay que saber que el archipiélago canario protagoniza el hito geográfico principal de lo que se conoce como ruta atlántica, que implica la afluencia de personas migrantes en situación administrativa irregular por vía marítima desde las costas africanas occidentales (Canarias convive, s.f.; Godenau y Zapata Hernández, 2022). Las cifras de las últimas casi tres décadas atestiguan la relevancia que ha cobrado la ruta migratoria atlántica a través del archipiélago canario (Godenau y Zapata Hernández, 2022: 24), que constituye, además, una de las más mortíferas del mundo (Godenau y Zapata Hernández, 2022; CEAR, 2023, 2024; Vargas, 2024).

Este es un fenómeno que tiende a ir en aumento y que parece irse tornando estructural, si se observan las estadísticas de manera retrospectiva en los últimos años, especialmente en las primeras dos décadas del siglo XXI. El propio Departamento de Seguridad Nacional (DSN) afirma en su último informe que se trata de una tendencia de presión migratoria que tiende a consolidarse y a incrementar año tras año (DSN, 2025), por lo que, como bien apunta Cembrero (2023), «podrá haber altibajos, pero la corriente migratoria llegó a Canarias para quedarse».

Así, pese a que en 2023 se había batido el récord de llegadas de migrantes a Canarias por vías irregulares por mar, en 2024 se superaron una vez más los máximos históricos (Agencia EFE, 2024; Ministerio del Interior, 2024). Si bien en la primera mitad de 2025 se registró un paulatino descenso respecto al mismo periodo de 2024, este hecho no implica que se pueda descartar la tendencia al alza, pues, a partir del verano, y en especial en el último trimestre del año, con la mejora de las condiciones de navegación, suele haber repuntes en las llegadas (Vera, 2024; Agencia EFE, 2023, 2025; Mesa Pérez y Parreño Castellano, 2025).

En cualquier caso, basta con contrastar las cifras del Ministerio del Interior (2024, 2025) para percatarse de que esa desaceleración tampoco supone un alivio sustancial del fenómeno consolidado de este tipo de desplazamientos: hablamos de un descenso de un 40 % en 2025 frente a un aumento del 170 % en 2024 respecto del año anterior (periodo 1 de enero-30 de junio).

En los episodios de crisis, como la sufrida durante la pandemia de la COVID-19, se ponen de manifiesto las carencias estructurales existentes en la provisión de ISP destinada a personas migrantes en situación de irregularidad en Canarias, pues, a pesar del esfuerzo institucional y la implicación de diversos actores sociales, el sistema de acogida se suele ver desbordado ante la intensidad y concentración de llegadas irregulares, lo que evidencia ineficiencias notables en la asistencia lingüística (Godenau y Zapata Hernández, 2022: 54). Los informes del Defensor del Pueblo (2021) y de CEAR (Monreal Gainza y Paredes, 2021; CEAR, 2023, 2024) han documentado de forma reiterada la escasez de intérpretes cualificados, especialmente en lenguas africanas como el wolof o el bambara, lo que impide garantizar una atención individualizada y adecuada, comprometiéndose la confidencialidad y la calidad de la asistencia (Defensor del Pueblo, 2021: 63).

Estas limitaciones técnicas se ven agravadas por la falta de coordinación institucional en la gestión de la acogida migratoria, con competencias dispersas entre los distintos niveles administrativos estatal, autonómico y local (Amnistía Internacional, 2025; Garcés Mascareñas, 2019; Godenau y Zapata Hernández, 2022; González-Beilfuss, 2019: 166-167). Como señala Rodríguez Salinas (2022: 55-56, 61), esta desorganización ha conllevado, incluso, la vulneración del derecho a solicitar protección internacional en condiciones dignas, al no garantizarse el acceso a información clara y comprensible en un idioma que los solicitantes entiendan. Todo ello pone de manifiesto la necesidad urgente de revisar y reforzar los mecanismos de provisión de ISP, particularmente en contextos de especial vulnerabilidad como el de estos colectivos en las islas.

5. Situación de la ISP por ámbitos: revisión de la realidad en Canarias

Según los datos que se han podido recabar de las diferentes fuentes disponibles hasta la fecha, presentamos, a continuación, la situación actual que se observa en la provisión de ISP en cada ámbito de los SSPP, comparando la situación en Canarias con la situación general de la ISP en España. Para finalizar, se expone una perspectiva global donde se destacan los principales hallazgos y conclusiones en cuanto a la situación actual de la ISP en Canarias.

5.1. Ámbito sanitario

Las soluciones que se adoptan en el ámbito sanitario en nuestro país «suelen pasar por toda clase de soluciones ad hoc» (Burdeus Domingo, 2015: 69) y, aunque se perciban esfuerzos por fomentar la interpretación profesional, raramente se opta por ella —a pesar, incluso, de la posibilidad cada vez más frecuente de la interpretación a distancia (telefónica)—, con lo que la ISP en este sector no ha experimentado una gran evolución en las últimas décadas (Martin y Abril Martí, 2011: 1527; Foulquié-Rubio, Vargas-Urpi y Fernández Pérez, 2018: 3).

Por lo tanto, dado que sigue sin garantizarse una ISP profesional y de calidad mediante la legislación vigente, Foulquié-Rubio, Vargas-Urpi y Fernández Pérez (2018: 3) estiman que el acceso a la provisión de servicios lingüísticos en el ámbito sanitario, en lugar de un derecho, parece ser un privilegio.

En la comunidad autónoma canaria, este ámbito es el más estudiado y, por ende, el más prolífico de los cuatro que revisamos en el presente artículo, lo que permite comprobar que la situación de la provisión de ISP no resulta menos deficiente en Canarias que en el resto de España.

De acuerdo con Pérez-Luzardo y Fernández Pérez (2018), en las últimas dos décadas, la cobertura de la necesidad de ISP, a priori, no ha mejorado respecto a la tendencia descrita por Toledano Buendía, Fumero Pérez y Díaz Galán (2006) hace veinte años. Las autoras explican que el ámbito sanitario experimenta una división entre centros públicos y privados, entre los que las condiciones de la provisión de servicios de traducción e interpretación difieren notablemente: mientras que los centros privados, que han detectado en el «turismo de salud» (Pérez-Luzardo y Fernández Pérez, 2018: 68) una oportunidad de negocio, pues reciben «turistas interesados en curar sus problemas de salud en las islas» (Pérez-Luzardo Díaz y Santana García, 2020: 29), cuentan con intérpretes en plantilla y ofrecen la gestión de otros servicios complementarios, en el Servicio Canario de Salud (SCS), el servicio de sanidad pública canario, por lo general, no existe asistencia lingüística profesional (Pérez-Luzardo y Fernández Pérez, 2018; Pérez-Luzardo Díaz y Santana García, 2020; Santana García, 2021; Toste González, 2021), por lo que se puede afirmar que en el ámbito sanitario en Canarias se recurre casi exclusivamente a soluciones ad hoc.

Pérez-Luzardo Díaz y Santana García (2020) exponen que el personal sanitario del SCS suele verse obligado a encontrar soluciones lingüísticas por sus propios medios para solucionar el problema comunicativo con pacientes no hispanohablantes. Sin embargo, subrayan que no todas las soluciones ad hoc que se emplean para facilitar la comunicación en el ámbito sanitario son igual de válidas, pues no siempre se puede contar con la disponibilidad de los compañeros que conozcan la lengua del paciente, el familiar al que se acude puede no manejar lo suficientemente bien el español, o, cuando se llega a recurrir a personas menores, estas pueden no ser capaces de transmitir el mensaje. Como solución alternativa, se plantea el uso de algunas aplicaciones de traducción médica, como la desarrollada por el SCS, TRADASSAN. Sin embargo, no ofrece la posibilidad de interpretación a distancia y su implantación a efectos prácticos es escasa, por el desconocimiento generalizado de su existencia (Toste González, 2021). En vista de todo ello, Pérez-Luzardo Díaz y Santana García (2020) concluyen que recurrir a un intérprete sanitario evitaría estas situaciones y malentendidos que ponen en riesgo la salud del paciente extranjero y ralentizan el trabajo de los profesionales de la salud.

5.2. Ámbito policial

La posición de desprestigio generalizada en la que se suele encontrar la ISP en nuestro país resulta aún más flagrante en el ámbito policial y penitenciario, a pesar de su carácter indispensable en los distintos contextos en los que tiene lugar (Del Pozo Triviño, s.f., sección «Interpretación policial», apartado «Características de la interpretación en el ámbito policial y penitenciario», párr. 1). La situación, según Foulquié-Rubio, Vargas-Urpi y Fernández Pérez (2018: 8), parece ser similar en toda España, ya que todo lo relacionado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se encuentra bastante homogeneizado.

La Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) presentan un funcionamiento semejante en todo el país, lo que se aplica también a Canarias: se cuenta con un intérprete en plantilla por provincia y el resto de la demanda se cubre en su mayoría a través de una empresa intermediaria a la que se contrata por licitación. Dado que el criterio de adjudicación es el precio del servicio, parecen darse unas condiciones salariales pobres y nada acordes con lo que la labor y responsabilidad del intérprete en este ámbito requiere (Pérez-Luzardo y Fernández Pérez, 2018: 74).

Además, pese a que la mediación lingüística en las dependencias policiales se ampara jurídicamente en la misma normativa nacional (LO 5/2015) e internacional que la del ámbito jurídico, no parece existir ningún protocolo homogeneizado ni control de calidad o requisitos específicos para seleccionar a las personas que ejercen de intérpretes, tal como se observa en el resto de ámbitos.

Aunque la muestra del estudio de Pérez-Luzardo y Fernández Pérez (2018) no se puede considerar representativa de todo el ámbito policial en Canarias, dado que los sujetos encuestados pertenecen únicamente al cuerpo de la Policía Local en la provincia de Las Palmas, se constata la existencia de una demanda habitual de servicios de ISP en los cuerpos policiales en el archipiélago.

Perez-Luzardo y Fernández Pérez (2018: 74) sostienen que, en vista del modelo que rige la contratación de intérpretes en la Guardia Civil y el CNP, su servicio en Canarias se encuentra subcontratado y resulta evidente que dicha situación redunda en unas peores condiciones salariales para las personas que ejercen de intérpretes (Pérez-Luzardo y Fernández Pérez, 2018: 71).

Mencionamos a continuación algunas particularidades que se desprenden del citado estudio sobre cada cuerpo policial en Canarias:

• La Policía Local: aunque las autoridades policiales atienden con asiduidad a extranjeros alófonos, se desconoce la frecuencia exacta con que se recurre a la interpretación para comunicarse con estos usuarios no hispanohablantes (mayoritariamente turistas y, en menor medida, extranjeros en situación irregular), pero parece ser algo esporádico que se desarrolla en lengua inglesa. En su caso, para obtener servicios de mediación interlingüística se recurre al 112^[2] o a una empresa adjudicataria del servicio, a través de la que se puede obtener igualmente un servicio en la modalidad de interpretación telefónica (Pérez-Luzardo y Fernández Pérez, 2018: 73).
• La Guardia Civil: en 2017 se puso en marcha un Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE) en la isla capitalina de Tenerife con la finalidad de que todo turista extranjero víctima de actividades delictivas pueda efectuar las operaciones necesarias. Dado que la propia descripción del servicio de mediación interlingüística ofrecido (Guardia Civil, s.f.) resulta ambigua, no parece garantizarse, a priori, un servicio de interpretación profesional de calidad.
• El CNP: recurre con frecuencia a la interpretación telefónica, sobre todo para lo que se refiere a la interposición de denuncias y la toma de declaración de detenidos (Pérez-Luzardo y Fernández Pérez, 2018: 72). Todo caso que implique delincuencia se suele derivar al CNP, que sí instruye delitos (a diferencia de la Policía Local, por ejemplo), por lo que, según lo mencionado anteriormente, debería contar con más acceso a intérpretes.

En general, ante la realidad de los numerosos problemas que se dan para establecer la comunicación con los usuarios no hispanohablantes, en el ámbito policial se recurre a los mismos mecanismos que en el ámbito sanitario, llegando a servirse, incluso, de herramientas de traducción automática. Cuando, en la Policía Local, interviene un tercer sujeto para ayudar en la comunicación es, normalmente, de carácter voluntario o por proximidad al usuario, es decir, que se trata nuevamente de intérpretes ad hoc (Pérez-Luzardo y Fernández Pérez, 2018: 73). En principio, no hay constancia de que se realice ningún tipo de control de calidad en el caso poco frecuente de acudir a intérpretes.

5.3. Ámbito judicial

En el ámbito judicial, por un lado, parece haberse consolidado desde finales de los noventa un modelo de provisión de servicios de interpretación mediante licitaciones (Foulquié-Rubio, Vargas-Urpi y Fernández Pérez, 2018: 6). Entre los profesionales realmente cualificados para ejercer en este ámbito se produce un efecto disuasorio que se debe a que no solo los requisitos que se establecen suelen ser mínimos, sino que también lo son tanto la remuneración como las condiciones laborales (Foulquié-Rubio, Vargas-Urpi y Fernández Pérez, 2018: 7). Como este modelo de subcontratación no ofrece garantías de profesionalidad, la calidad de las interpretaciones se ve mermada y se vulneran constantemente los derechos de las personas implicadas en procesos judiciales, particularmente las acusadas (Ugarte y Vargas, 2018: 54 en Foulquié-Rubio, Vargas-Urpi y Fernández Pérez, 2018).

Por otro lado, como afirman Foulquié-Rubio, Vargas-Urpi y Fernández Pérez (2018) y Sancho Durán (2017: 47), aunque las modificaciones que se han producido en el marco legislativo español en los últimos años, gracias a las nuevas directivas europeas, constituyen sobre el papel un avance en materia de derechos lingüísticos, sigue sin haber noticias respecto a la implementación del proyecto de creación un registro de traductores e intérpretes judiciales (tal como se recoge en la LO 5/2015).

Canarias, no obstante, ha sido considerada «un ejemplo de buenas prácticas en la provisión de servicios de interpretación judicial» (Pérez-Luzardo y Fernández Pérez, 2018: 74), con unas condiciones laborales objetivamente mejores que en el resto del país y que en el ámbito policial (la remuneración representa más del doble que en este último), pero la situación tampoco parece haber evolucionado desde inicios de la década del 2000, tal como ocurre en el resto de comunidades autónomas. Así, pese a la gestión directa que caracteriza al sistema de contratación de intérpretes empleado en la provincia de Las Palmas, el sector en esta región se ha visto igualmente afectado por los recortes y continúa existiendo la problemática del control de la calidad de las interpretaciones (Pérez-Luzardo y Fernández Pérez, 2018).

En cuanto a las prácticas comunes y necesidades en este ámbito, el estudio de Pérez-Luzardo y Fernández Pérez (2018) aporta información reveladora a través de los sujetos encuestados, entre los que figuran varios profesionales y operadores judiciales con amplia experiencia. Destacamos los siguientes aspectos:

• Se confirma que se atiende con frecuencia a usuarios alófonos, entre los cuales algunos presentan un bajo o nulo nivel de alfabetización, por lo que suele haber una tercera persona que habla por el usuario, al que le llega la información de forma indirecta.
• A la hora de atender a usuarios no hispanohablantes, uno de los métodos más comunes parece ser pedirles que traigan a alguien para que les ayude a comunicarse, donde el usuario se suele dejar llevar por la persona que toma el rol de intérprete, ya que le resulta de confianza. Como segunda opción parece que busca a un traductor y, en última instancia, a un intérprete.
• Las lenguas más demandadas son el inglés, el alemán, el árabe y el ruso: es probable que los usuarios no siempre se expresen en su lengua materna, sino que se empleen estas lenguas también como lingua franca. Este hecho supone una dificultad añadida según los operadores judiciales, pues, a las dudas sobre la correcta transmisión del mensaje se suman los malentendidos entre el intérprete y el usuario a causa de emplear una lengua vehicular en lugar de su lengua materna.
• Existe una exigua plantilla de intérpretes con la que no se cubre sino una ínfima parte de la demanda de ISP en este ámbito. Para suplir el resto de esta demanda, se suele recurrir al registro de traductores e intérpretes jurados del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero también se contrata por libre designación o a través de una entidad intermediaria de subcontratación.

A este último respecto, cabe señalar que, en el momento de llevar a cabo el citado estudio, las autoras contabilizan cuatro intérpretes en plantilla en las islas capitalinas de Gran Canaria y Tenerife, quienes cuentan con el estatus de personal laboral y poseen combinaciones de lenguas de trabajo de amplia difusión. Por ende, para el resto de la demanda ⸺como, por ejemplo, aquella que implique combinaciones lingüísticas diferentes a la de los profesionales en plantilla⸺ se asignan las labores de interpretación de forma puntual a colaboradores externos (Pérez-Luzardo y Fernández Pérez, 2018: 74). A título ilustrativo, en la provincia de Las Palmas, el único intérprete en plantilla asume la coordinación de estos colaboradores externos mediante gestión directa, pero la importante reducción en la tarifa ofrecida (de 48 a 36 € por hora) se suma a la inexistencia de un sistema de acreditación que verifique la «idoneidad profesional» de estos colaboradores o exija requisitos más allá de la «competencia lingüística suficiente en las lenguas de trabajo» (Pérez-Luzardo y Fernández Pérez, 2018: 75), lo que dificulta sobremanera mantener en el servicio a personas formadas en traducción e interpretación.

En cuanto a la asistencia jurídica a personas migrantes en circunstancias de especial vulnerabilidad en Canarias (como las personas migrantes en situación irregular o en necesidad de protección internacional), el Defensor del Pueblo (2021, 2025) subraya que la asistencia de un intérprete adecuado en las entrevistas resulta imprescindible.

Aquí, consideramos pertinente retomar el hilo de lo expuesto en el informe del Defensor del Pueblo (2021) en cuanto a la recepción y atención a personas migrantes en situación de irregularidad durante la crisis pandémica, donde se afirma que «se aprecian importantes demoras tanto en el procedimiento que se sigue para la designación de los letrados como por la falta de disponibilidad de intérpretes de los idiomas adecuados» (Defensor del Pueblo, 2021: 63). En este sentido, se manifiesta que todas las carencias detectadas en cuanto a la provisión de interpretación dificultan enormemente tanto el asesoramiento adecuado como la asistencia jurídica en condiciones a las personas migrantes, responsabilidad que no recae en los propios letrados, sino en las autoridades competentes (Defensor del Pueblo, 2021: 61).

5.4. Ámbito social

Según Foulquié-Rubio, Vargas-Urpi y Fernández Pérez (2018), si la presencia de servicios profesionales de interpretación en los demás ámbitos es escasa, en el ámbito social parece ser inexistente, pues las necesidades que con frecuencia surgen en este ámbito se suplen mediante voluntariado y la intermediación de ONG, lo que implica necesariamente recurrir a soluciones ad hoc, como familiares, amigos o personal que hable una lengua en la que poder comunicarse con las persona usuaria (Foulquié-Rubio, Vargas-Urpi y Fernández Pérez, 2018: 4).

En Canarias, las ONG se encuentran día a día con la necesidad de salvar las diferencias lingüísticas entre los proveedores de servicio y los usuarios, puesto que se atiende a personas migrantes de diversa índole, entre las que puede haber solicitantes de protección internacional. Para ello, se desarrollan funciones de asesoramiento jurídico, social y laboral, así como servicios de primera acogida y atención médica, entre otros. Si bien las demandas de interpretación en este ámbito se cubren, según describen Pérez-Luzardo y Fernández Pérez (2018), de manera más sistemática, esto no quiere decir que sea un sector profesionalizado, sino todo lo contrario, puesto que se satisfacen las necesidades de forma gratuita, principalmente mediante voluntarios (incluyendo a intérpretes voluntarios), inmigrantes que han aprendido la lengua española o trabajadores en plantilla que conocen alguna lengua vehicular (García-Morales y Fidalgo González, 2024: 374; Pérez-Luzardo y Fernández Pérez, 2018: 78-79).

Así, en primer lugar, en cuanto a la frecuencia con que se recurre a servicios de ISP en el ámbito social de las ONG, como la demanda diaria se cubre mayoritariamente mediante soluciones ad hoc, no existe un protocolo compartido para la contratación de intérpretes ni se pueden identificar los problemas que se plantean a la hora de trabajar con intérpretes profesionales.

En segundo lugar, parece que en el ámbito social existe un reconocimiento por parte de algunas entidades y de sus trabajadores de lo necesaria que resulta la labor de los intérpretes in situ y de la importancia de una adecuada capacitación para afrontar las situaciones comunicativas. Ahora bien, la calidad de la provisión de asistencia lingüística se ve mermada sin el incentivo de unas condiciones laborales y retributivas apropiadas, pues, como bien anotan Pérez-Luzardo y Fernández Pérez (2018: 74), «la precarización laboral de los intérpretes ahonda en la desprofesionalización y el desprestigio de la profesión».

5.5. Perspectiva general de la ISP a nivel regional

En Canarias, las soluciones ad hoc parecen ser la norma a la hora de salvar las diferencias lingüísticas en los SSPP (Pérez-Luzardo Díaz y Santana García, 2020: 36), lo que resulta desconcertante teniendo en cuenta la enorme cantidad de población extranjera que visita y se asienta en las islas.

Pérez-Luzardo y Fernández Pérez (2018) señalan, por ejemplo, que resulta «paradójico» que, en el ámbito sanitario, pese a la gran afluencia de población extranjera que tienen las islas durante todo el año, las instituciones no dispongan de un servicio de interpretación propio para los centros sanitarios públicos canarios (Pérez-Luzardo y Fernández Pérez, 2018: 71). De igual modo, es bien sabido que las ONG lidian a diario con usuarios alófonos en situación de vulnerabilidad, y, sin embargo, continúan dependiendo casi exclusivamente del espíritu voluntario de los colaboradores. En el ámbito policial parece darse una situación a caballo entre las dos previamente mencionadas, pues, aunque este ámbito cuenta con cierta regulación debido a su proximidad al judicial, se recurre de manera muy esporádica a servicios de ISP (principalmente en lengua inglesa), para lo que se desconoce la existencia de un protocolo de control de calidad, mientras que la mayor parte del tiempo los problemas de comunicación se salvan mediante soluciones ad hoc. El ámbito judicial, que presenta unas condiciones mejor reguladas que en el resto de ámbitos y objetivamente más favorables que las que se observan en el resto del país, la calidad de la provisión de ISP sigue dejando mucho que desear. Por todo ello, en consonancia con la situación de falta de profesionalización que se vive en el plano nacional, en Canarias la ISP también «parece ser más un privilegio que un derecho» (Foulquié-Rubio, Vargas-Urpi y Fernández Pérez, 2018: 3).

Dadas las diversas características sociodemográficas de las personas extranjeras, así como la constante y creciente afluencia de personas migrantes en el limitado territorio de esta comunidad autónoma, se intensifica el impacto que puede presentar la ausencia de una provisión de servicios de ISP profesional y de calidad, pues son muy numerosas las personas que pueden quedar desamparadas ante la imposibilidad de comunicarse correctamente en los SSPP, encontrándose a veces en situaciones especialmente delicadas (García-Morales y Fidalgo González, 2024: 376).

En general, resulta crucial concienciar a proveedores y usuarios sobre los riesgos de las soluciones lingüísticas no profesionales y avanzar hacia modelos efectivos de comunicación interlingüística e intercultural (Martin y Abril Martí, 2011: 1532). En España, la dignificación de la figura del intérprete y la profesionalización de la ISP continúan siendo tareas pendientes, respecto a las que diversos estudios autonómicos (Foulquié-Rubio, Vargas-Urpi y Fernández Pérez, 2018; Vigier-Moreno y Relinque, 2023a) destacan el papel fundamental de las instituciones universitarias, donde se observa una creciente implicación en la ineludible responsabilidad que ostentan en la investigación, formación y sensibilización sobre ISP (Foulquié-Rubio, Vargas-Urpi y Fernández Pérez, 2018: 9). En este sentido, en el contexto canario, existen iniciativas como el Observatorio de la Inmigración de Tenerife (OBITen) que desempeñan un papel clave al generar conocimiento especializado sobre las dinámicas migratorias en el archipiélago y contribuir al análisis estructural de las condiciones de vida, integración y acceso a derechos de las personas migrantes, lo que incluiría, de forma transversal, la cuestión del acceso equitativo a los SSPP y, por extensión, una adecuada provisión de asistencia lingüística para solventar las dificultades comunicativas.

6. Conclusiones

La ISP se puede contemplar como uno de los mecanismos esenciales para salvaguardar los derechos fundamentales de todas las personas migrantes alófonas. La ausencia de regulación de este tipo de mediación interlingüística en nuestro país, así como la falta de profesionalización de la figura del intérprete en los SSPP, se replica a nivel regional y puede entrañar consecuencias muy negativas para las personas no hispanohablantes, particularmente si pertenecen a los colectivos expuestos a una mayor situación de vulnerabilidad. En una comunidad autónoma como Canarias, donde existe una realidad migratoria apremiante y diversa, la ausencia de una provisión de servicios de ISP profesionales de calidad constituiría, ante todo, una violación de los derechos fundamentales de las personas migrantes.

Mediante una revisión bibliográfica y un análisis documental, se han detectado suficientes indicios que apuntan a una falta de provisión de servicios de interpretación profesionales y de calidad en los SSPP para atender a los usuarios alófonos en el archipiélago canario. La pista inicial que motivó indagar sobre esta cuestión fue la insuficiencia de servicios de interpretación adecuados para las personas migrantes en situación administrativa irregular que se denuncia en los informes del Defensor del Pueblo (2021, 2025) y de CEAR (Monreal Gainza y Paredes 2021; CEAR 2023, 2024). Con la revisión, se comprueba la sospecha de una escasez de estudios científicos disponibles respecto a la situación de la ISP en Canarias, de los que se desprende, en todo caso, un estado de la cuestión poco favorable en cuanto a la profesionalización de la ISP en la región, que concuerda con lo que se observa en el resto del país.

Se concluye, por tanto, que Canarias no solo es un territorio cuya realidad migratoria exige disponer de servicios de ISP de calidad para garantizar los derechos de las personas migrantes, sino que, dado que la afluencia de población extranjera con una amplia diversidad de perfiles es constante y creciente, la falta de servicios profesionales de mediación interlingüística a través de intérpretes cualificados en los diferentes ámbitos de los SSPP resulta especialmente preocupante.

Otra de las conclusiones que se extrae es la coexistencia de dos hechos en torno a la percepción de la figura del intérprete en los SSPP que se retroalimentan y que podríamos identificar en su conjunto como el motivo principal por el que no se avanza en la calidad de la provisión de ISP en España y, en el caso que nos ocupa, en Canarias. Estas dos cuestiones interrelacionadas son las siguientes:

a) Que la profesión no se halle lo suficientemente reconocida ni dentro de los estudios de traducción e interpretación, ni por parte de los agentes implicados e instituciones, con lo que no se promueven unas condiciones laborales dignas (Hernández Cáceres, 2022: 36).

b) Que, como indican Pérez-Luzardo y Fernández Pérez (2018: 74), a su vez, parezca ser precisamente esta precarización laboral la que fomenta la desprofesionalización y desprestigio de la figura del intérprete.

Por estos motivos, coincidimos con Pérez-Luzardo Díaz y Santana García (2020) cuando afirman que emplear al intérprete como último recurso, como sucede en Canarias, está directamente relacionado con la carencia de un perfil profesional y la falta de reconocimiento de la profesión del intérprete en todos los ámbitos de los SSPP.

De hecho, como manifiesta Grabarczyk (2018), podría estarse formando una suerte de círculo vicioso en torno a la ausencia de profesionalización de la figura del intérprete en los SSPP, que ocasiona un daño bidireccional: tanto la profesión de la ISP como los interlocutores primarios se ven afectados, quedando el usuario alófono en particular desventaja debido a la asimetría de poder de la situación comunicativa, a las limitaciones inherentes a pertenecer a una minoría lingüística y cultural y a la frecuente imposibilidad de comunicarse en su lengua materna. Esta asimetría se ve acentuada si el usuario es una persona migrante en situación de irregularidad, solicitante de protección internacional o proviene de un país con menor desarrollo socioeconómico, pues se halla en situación de vulnerabilidad y dispone de menos recursos que el resto de la población.

En suma, mediante una revisión sistemática de la literatura científica disponible hasta la fecha sobre el estado de la cuestión de la ISP en Canarias, se ha comprobado que en esta comunidad autónoma existe una situación de precariedad y desprofesionalización de la ISP similar a la del resto de España, pues el hecho de recurrir a intérpretes profesionales «de manera anecdótica» o «como último recurso» se relaciona directamente con la carencia de un perfil profesional y la falta de reconocimiento de la profesión de intérprete en todos los ámbitos de los SSPP, lo que va en consonancia con la situación observada en todo el país.

Así, aunque ya existen algunos actores generadores de conocimiento especializado sobre el fenómeno migratorio en Canarias, que contribuyen a identificar carencias estructurales en la provisión de ISP y promueven una reflexión crítica sobre la necesidad de articular respuestas institucionales eficaces —como OBITen o la iniciativa Canarias Convive—, queda un largo camino por recorrer.

En definitiva, se plantea la necesidad urgente de continuar impulsando una investigación exhaustiva y coordinada en los cuatro ámbitos de los SSPP en Canarias —sanitario, policial, judicial y social— con el objetivo de detectar las necesidades reales de ISP, cómo se están cubriendo actualmente y en qué condiciones trabajan las personas que interpretan. Esta labor de investigación resultaría fundamental para comenzar a sentar las bases de un modelo de provisión de ISP profesionalizada de calidad, que garantice tanto una atención adecuada a las personas usuarias como unas condiciones laborales dignas y acordes con lo que ejercer de intérprete requiere.

En paralelo, convendría, por un lado, incrementar y optimizar la transferencia del conocimiento académico a las administraciones y poderes públicos con capacidad decisoria, así como sensibilizar a los proveedores de servicios sobre la necesidad de profesionalización de la ISP, especialmente en el contexto migratorio (Del Pozo Triviño, 2013; Pérez-Luzardo y Fernández Pérez, 2018). Por otro, sería apropiado ofrecer y promover formación especializada para quienes ya ejercen de intérpretes ad hoc con cierta regularidad en estos contextos (Briales Bellón y Relinque Barranca, 2021; Del Pozo Triviño y Fernandes del Pozo, 2020; García-Morales y Fidalgo González, 2024; Vigier-Moreno y Relinque, 2023a).

Todas estas medidas de acción coordinada, junto con políticas de reconocimiento profesional y mejora de las condiciones laborales, contribuirían a romper el círculo de precarización y desprofesionalización que afecta a la ISP en Canarias y en el resto de España (Grabarczyk, 2018; Pérez-Luzardo Díaz y Santana García, 2020), asegurando una mediación interlingüística eficaz que proteja los derechos fundamentales de las personas migrantes alófonas.

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