La acción social en las Fuerzas Armadas: un compromiso global. María Jesús Espuny Tomás, ed.

Abstract

Esta obra colectiva nos ofrece un análisis de la acción social en las Fuerzas Armadas en sus diversas facetas y nos acerca a esta institución un tanto desconocida. En realidad, la evolución del ejército ha sufrido un cambio radical: mientras en el siglo XIX la principal función se presentaba como la defensa del orden público, en la actualidad se encuentra plenamente integrada en nuestra sociedad. La ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército de 19 de enero de 1912 establecía la obligatoriedad del servicio militar para todos los españoles. De hecho, el Ministerio de Defensa en la actualidad cuenta con los llamados "indicadores de conciencia" de defensa de la sociedad española, que evalúan el grado de la misma. Hoy en día las Fuerzas Armadas se caracterizan por su profesionalidad, que ha sido recogida en la ley de tropa y marinería de 2006 y en la ley 39/2007, de la carrera militar. En 1728 se creó la primera asociación del Ejército para proteger a las familias, asociación que se convirtió en 1751 en Montepío. Con la llegada de la democracia, se produjo una reforma y una reestructuración de la acción social en las Fuerzas Armadas, mediante la creación del consejo superior de acción social y sus órganos dependientes. Sin embargo, los numerosos conflictos surgidos desde 1991 han priorizado las acciones humanitarias del consejo de seguridad y de las Fuerzas Armadas, como brazo ejecutor de las mismas. El real decreto 1726/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento general de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, recoge las prestaciones a las que tienen derecho los asegurados o sus beneficiarios en determinados servicios sociales y de asistencia social: ayudas para atención a la dependencia; prestaciones socio-sanitarias; ayudas económicas por fallecimiento, para la adquisición de vivienda o para personas mayores y por tratamientos termales. Otro avance ha sido la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, sobre igualdad efectiva de mujeres y hombres, que ha establecido un ámbito jurídico de plena igualdad.